Los organismos de Derechos Humanos de Argentina, referencia a nivel mundial en la materia, harán un solo acto el 24 de marzo en la Plaza de Mayo y leerán un documento conjunto. Y será replicado en las principales ciudades del país y en algunos casos incluirán diferentes marchas que cruzarán esas mismas ciudades como la que se iniciará desde la Secretaria de Derechos Humanos ubicada en la ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada Argentina y uno de los centros clandestinos de torturas más atrasos de la dictadura) y en una caminata de más de 16 kilómetros hasta llegar a la Plaza de Mayo. 

Este año, las conmemoraciones del 24 de marzo adquieren un tono especial, a poco más de un año del gobierno libertario de Javier Milei que en apenas un año ha reducido la libertad de expresión, reprimido las manifestación de los ciudadanos, negado el genocidio de la última dictadura y que ha implementado una campaña de odio, violencia y persecución a través de sus trolls en redes sociales y la represión violenta de los ciudadanos -desde niños de 10 años a jubilados de más de 80- que desean expresar su disconformidad con las políticas implementadas por este gobierno, que hasta el día de hoy expresan una fuerte continuidad con las políticas implementadas por Martínez de Hoz (baja la dictadura militar), Cavallo (Menen y De la Rua), Sturzzeneger (De la Rua, Macri, Milei) con las de hoy de su ministro de economía Caputo (Macri, Milei), y con consecuencias similares de endeudamiento, fuga de capitales, destrucción de las empresas industriales, pérdida de poder adquisitivo de los salarios, fuga de científicos, profesionales y destrucción de la educación y la salud pública. Las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el negacionismo de la dictadura y el plan económico de ajuste sobre los sectores más débiles de la sociedad implementado por la actual administración. Estas movilizaciones no solo buscan recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y el reclamo de justicia y juzgamiento de sus responsables, sino también denunciar las políticas actuales que, según los organismos convocantes, amenazan con borrar la memoria histórica y los avances en materia de justicia, dejar en libertad a los criminales y permitir que todo vuelva a suceder, como recuera una gran canción que dice “cuando no recordamos lo que nos pasa, nos vuelve a suceder la misma historia….”.

Desde el comienzo del gobierno de Javier Milei se implementaron diversas medidas que generaron críticas y preocupaciones en torno a los derechos humanos y las políticas de memoria, verdad y justicia en Argentina que están desmantelando la Secretaría de Derechos Humanos, despidiendo a sus profesionales, que son ejemplo a nivel mundial, y descuidando las pruebas que aún están disponibles para la continuidad de los juicios de lesa humanidad vigentes. El gobierno libertario eliminó organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), unidad destinada a investigar la apropiación de niños durante la última dictadura militar (1976-1983). Este organismo, creado en 1992, trabajaba en colaboración con Abuelas de Plaza de Mayo para identificar a niños robados y garantizar el derecho a la identidad. El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, espacio dedicado a conmemorar los crímenes del terrorismo de Estado fue cerrado sin plazos definidos. El gobierno argumentó una "restructuración interna", pero no ofreció mayores precisiones.

También se desmantelaron actividades como la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia en la AFI: Se discontinuó esta iniciativa que promovía el acceso a información sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. También se dejó sin efecto el relevamiento de archivos militares: Se suspendió el acceso y relevamiento de archivos vinculados al terrorismo de Estado, dificultando investigaciones por crímenes de lesa humanidad. Por último, se paralizó el Registro audiovisual de juicios por delitos de lesa humanidad, afectando la preservación histórica del proceso judicial contra los criminales.

Los recortes presupuestarios y despidos masivos en 2024 en la Secretaría de Derechos Humanos, está afectando el funcionamiento de sitios emblemáticos como la ESMA y otros espacios clandestinos de desaparición forzada de personas que fueron recuperados como memoriales. Estos lugares conmemoran las atrocidades cometidas durante la dictadura militar argentina y también la conocida como Plan Condor implementada entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

El gobierno argentino ha adoptado discursos negacionistas respecto al terrorismo de Estado, relativizando crímenes como las desapariciones forzadas y cuestionando el número estimado de desaparecidos. Además, funcionarios han expresado apoyo hacia los militares condenados por delitos de lesa humanidad y ha implementado una política de represión violenta de cualquier expresión que cuestione sus políticas y que en apenas un año ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a manifestar su preocupación por la "violencia registrada" durante la marcha de los jubilados del 12 de marzo frente al Congreso de la Nación, y recordó que "el Estado de Argentina debe garantizar los derechos a la libertad de expresión y de asociación, y utilizar los protocolos con enfoque de derechos humanos en cuanto al uso de la fuerza en manifestaciones, conforme a los estándares interamericanos".

El golpe de Estado de 1976 fue una acción cívico-militar que interrumpió la democracia en Argentina, imponiendo una dictadura que duraría hasta 1983. Durante este período, el régimen implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado, que incluyó secuestros, torturas, desapariciones forzadas y el robo de bebés, destruyó el entretejido industrial, endeudó al país y lo llevó a una guerra contra el Reino Unido – con la excusa de una causa justa como las Islas Malvinas- que generó más dolor y sufrimiento para sus ciudadanos con el fin de distraer a la sociedad de la destrucción y violencia que provocó.

El año pasado, en el primer año del presidente Javier Milei en la Casa Rosada, no se produjeron incidentes y la Plaza volvió a estar repleta y en paz. En lo que va de este año, el gobierno ha implementado políticas cada vez más violentas, violando las leyes constitucionales y creando un contexto autoritario y represivo que la sociedad argentina no quiere volver a vivir como los implementados con la marcha de los jubilados y que recordaron a muchos a la distópica “1984” de Orson Wells. 

Hoy se espera que nuevamente sea una movilización multitudinaria y , si el gobierno no genera disturbios con infiltrados violentos, se espera que vuelva a ser en paz como siempre lo ha sido a lo largo y a lo ancho del país, para decir Nunca Más y exigir Justicia.