Este marco legal permitiría a cualquier ciudadano danés exigir la eliminación de videos, audios o imágenes manipuladas que utilicen su identidad sin consentimiento, así como reclamar compensaciones económicas por estos usos indebidos. La nueva ley también contempla sanciones para las plataformas que no actúen ante estas denuncias. La propuesta incluye excepciones para contenidos humorísticos o satíricos, para no limitar la libertad de expresión.

El avance en Dinamarca responde al crecimiento exponencial de deepfakes, que imitan a personas reales con alta verosimilitud para difundir desinformación, hostigar a periodistas o afectar procesos electorales. Ejemplos importantes en Argentina incluyen videos falsos usados para hostigar a la periodista Julia Mengolini o manipulación de contenidos políticos en campañas electorales. La Cámara Nacional Electoral argentina ya considera delitos electorales la creación o manipulación de videos falsos con IA.

Especialistas en tecnopolítica y derecho digital remarcan que esta regulación es necesaria para trasladar a la esfera digital las protecciones existentes en el mundo físico, como el derecho a no ver usada la voz o imagen sin autorización. No obstante, también advierten que las dificultades técnicas y legales para eliminar contenido viralizado y el rastreo de usuarios malintencionados son desafíos importantes.

Dinamarca planea enviar este proyecto al parlamento en septiembre y espera que la ley entre en vigencia a partir de 2026, con una iniciativa que busca establecer un estándar europeo que podría extenderse a nivel comunitario en los próximos años. Mientras tanto, otros países, como Brasil y el Reino Unido, también han comenzado a legislar sobre el uso de deepfakes, principalmente en contextos electorales y de contenido sexual no consentido, con el fin de proteger a las víctimas y preservar la integridad informativa.

En resumen, la propuesta danesa surge como una respuesta innovadora ante el auge de la inteligencia artificial generativa que facilita la creación de videos y audios falsos, agravando problemas de identidad, seguridad y confianza en las plataformas digitales. Su objetivo es dotar a los ciudadanos de herramientas legales efectivas para defender su identidad digital y frenar la desinformación en redes sociales.