El gobierno de Milei, que viene llevando a cabo una fuerte reducción de la organización estatal argentina, ejecutó ajustes significativos en el presupuesto, restando 3 mil millones de pesos al Conicet —equivalentes al 10% de sus partidas operativas— y 850 millones a la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Estos fondos impactan en áreas como becas para investigadores, equipos informáticos y divulgación científica. En educación, se eliminaron 78 mil millones de pesos de la Secretaría de Educación y 5 mil millones destinados a infraestructura universitaria, provenientes de un crédito de la Corporación Andina de Fomento. Universidades como las de Entre Ríos, San Martín, La Plata, Litoral, Lomas de Zamora, Nordeste, Río Cuarto, Villa María, Artes, Avellaneda, José C. Paz y Rafaela quedan sin nuevas transferencias para obras.

Los recortes se extienden a salud (63 mil millones menos), vialidad (casi 100 mil millones) y entidades como el INTA (5 mil millones), INTI (2 mil millones), Anlis Malbrán (más de mil millones), Instituto Antártico Argentino (46 millones) y Segemar (268 millones). Incluso áreas promovidas por el oficialismo sufren: la Comisión Nacional de Actividades Espaciales pierde más de 4 mil millones para proyectos como el lanzador Tronador, satélites Saocom II y SARE; la Comisión Nacional de Energía Atómica, 20 mil millones.

La cronología de tensiones presupuestarias en el sector educativo y científico argentino arrancó el 10 de diciembre de 2023, con la asunción de Javier Milei como presidente. Su gobierno prorrogó el presupuesto de 2023, sin ajustes por inflación y luego de haber provocado una fuertísima devaluación e incrementado la inflación local, en un contexto de alta volatilidad económica. Esta decisión inicial dejó a universidades y organismos científicos con recursos congelados, agravados por la inflación que superó el 200% en 2024 y derivó en cortes de servicios básicos como luz y gas en facultades de todo el país.

El descontento estalló en la primera Marcha Federal Universitaria el 23 de abril de 2024, que movilizó a cientos de miles en más de 100 ciudades, desde Buenos Aires hasta Ushuaia. Estudiantes, docentes y científicos marcharon contra la "desfinanciación sistemática", exigiendo el 6% del PBI para educación superior y ciencia. Menos de un mes después, el 22 de mayo de 2024, una segunda edición superó las expectativas, con epicentros en el Congreso y plazas provinciales, uniendo reclamos por salarios y becas.

El Congreso respondió aprobando actualizaciones presupuestarias por inflación, pero Milei las vetó invocando la meta de "déficit cero". En 2025, la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada e insistida pese al veto presidencial. Sin embargo, el Ejecutivo se negó a ejecutarla, llevando el caso a la Justicia. Un fallo de diciembre de 2025 ordenó su cumplimiento inmediato; apelado por la Casa Rosada, ahora espera resolución de la Corte Suprema.

Paralelamente, una tercera Marcha Federal en 2025 amplificó las protestas, con participación récord ante la persistencia de los recortes. La Universidad Nacional de Río Negro elevó el caso a la relatora especial de la ONU sobre el derecho a la educación, denunciando una "crisis institucional y humanitaria". Salarios universitarios cayeron un 33,7% en 29 meses, requiriendo un 50% de aumento para volver a niveles de fines de 2023.

Los ajustes más recientes, ejecutados en 2026, solo profundizan la herida y el descontento.

Expertos alertan sobre un deterioro irreversible si sigue este nivel de desinversión en uno de los sistemas educativos más valorados de la región y del mundo, con numerosos Premios Nobel e importantes aportes científicos y técnicos en todas las áreas de la investigación. Una nueva Marcha Federal vuelve a convocar a la ciudadanía, con la mira en superar las ediciones de 2024 y 2025, mientras el fallo judicial pende de un hilo en la Corte Suprema de Justicia.

Foto by Federico Lopez Claro,