A pesar de que estaba previsto dictar las penas en una sesión reservada para este viernes 12 de septiembre, la primera sala del Supremo Tribunal decidió pasar a la fase de sentencia una vez que concluyó la audiencia en la que, por cuatro votos a uno, declaró la culpabilidad de Bolsonaro y otros siete inculpados, entre ellos exministros y antiguos jefes militares.

Queda así probado que el líder ultraderechista Bolsonaro encabezó una trama golpista para subvertir el resultado electoral y permanecer en el poder tras ser derrotado en los comicios de finales de 2022. Nunca antes un expresidente brasileño ni unos militares de alto rango habían rendido cuentas ante la justicia.

La sentencia se produce a pesar de la presión sobre los jueces por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que arremetió contra el juicio tachándolo de “caza de brujas”, castigó a Brasil con aranceles del 50% y a los magistrados con sanciones.

El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, contra quien Bolsonaro conspiró tras perder las elecciones de 2022, según las conclusiones del tribunal. La mayoría la completaron Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia y Flávio Dino. En tanto, Luiz Fux votó en contra de llevar adelante el proceso.

Esta condena histórica lograda por la democracia de Brasil y de América Latina sienta un gran precedente y se da luego de que el máximo tribunal también revisara la condena por la que pasó Lula, descalificara y juzgara al ex juez Sergio Moro y al ex fiscal Deltan Dallagnol, quienes conspiraron en el law fare para condenar a Lula, para que no pudiera presentarse en las elecciones anteriores en el país, tal como ha pasado reiteradas veces en nuestra región y donde lamentablemente sigue pasando esta forma de cercenar y limitar la expresión democrática y la libertad de nuestras sociedades a elegir quiénes los gobiernan.

Este juicio histórico representa un gran ejemplo para los poderes judiciales de América Latina, haciendo justicia y defendiendo las leyes, la constitución y la democracia a pesar de las presiones locales e internacionales para aplicar el lawfare para impedir el desarrollo y consolidación de nuestras democracias, nuestros países y nuestra integración regional con identidad y soberanía.