Actualidad - Brasil

Las consecuencias del Lawfare en la realidad brasileña

(10/03/21). El lunes, la Justicia brasileña le devolvió al ex Presidente Luiz Inacio Lula da Silva sus derechos políticos al anular todas las causas judiciales en su contra por considerar incompetente al tribunal que lo juzgó. La decisión, dictada por el Ministro de la Suprema Corte brasileña, Edson Fachin, llega tarde, pero deja en evidencia el proceso de Lawfare que vive Brasil y que condujo a la realidad del actual Presidente Jair Bolsonaro y las consecuencias para todos sus ciudadanos.

Todos los procesos en contra de Lula regresan ahora a la casilla cero y deberán ser analizados por la Justicia en Brasilia. Pero lo que no tiene regreso ni reparación es el enorme daño que el lawfare y la proscripción –ahora anulada- contra Lula , provocó en la sociedad brasileña. Las decisiones y los tiempos de la Justicia, en este caso, jugaron un papel decisivo en las Elecciones Presidenciales de 2018, alejando a Lula como opción del proceso electoral, manipulando la opinión pública y favoreciendo al actual presidente Jair Bolsonaro. Antes de su proscripción, determinada por un tribunal sin competencia, como lo confirma ahora el fallo de la Corte, Lula lideraba todas las encuestas de opinión en la carrera por la presidencia de Brasil.

La decisión de la Corte deja en claro el poder del Lawfare y como la complicidad entre algunos medios de comunicación y sectores importantes del poder judicial lograron su objetivo, limitaron las opciones electorales en la sociedad y lograron llevar a Bolsonaro al gobierno. Parecido a lo que pasó con el Brexit, las elecciones de Trump y a lo que ha pasado en varios países de América Latina recientemente.

La decisión de la Corte Suprema llega en momentos en que a nivel mundial y local se ve a Bolsonaro como un peligro para la expansión de la pandemia a nivel mundial por el descontrol del sistema sanitario, la cantidad de muertes, los contagios y las nuevas cepas del virus, que se suman al aumento de la destrucción del Amazonas, el cierre de empresas, el aumento del desempleo y la pobreza, estos últimos temas, ya logrados por las políticas del gobierno actual -y el Lawfare que lo llevó al poder- antes que llegara la pandemia.

Hace algunos días, un grupo de religiosos e intelectuales ha publicado una carta abierta en la que denuncian que Brasil se ha transformado en una cámara de gas a cielo abierto, con un Presidente que desde siempre viene minimizando el impacto de la pandemia, dejando de adoptar las medidas de distancia social y desacreditando las vacunas y al sistema científico local e internacional.

Pero además del descalabro sanitario y la pésima administración de la pandemia, que ya costó la vida de más de 266 mil personas en el país, el gobierno de Bolsonaro declaró guerra a cineastas, periodistas, puso a seguidores de teorías conspirativas al frente de las relaciones exteriores, y permitió una nueva era de represión policial. En 2019, el número de muertes violentas provocadas por las fuerzas policiales fue el más alto desde 2013, según datos del Fórum Brasileño de Seguridad Pública.

Los indicadores macroeconómicos del gobierno Bolsonaro tampoco lo salvan del desastre. Ya en 2019, antes de la pandemia, la producción industrial brasileña, por ejemplo, registraba una caída de 1,1%, mientras la rentabilidad de los bancos y sus lucros superaba los 19 mil millones de dólares un incremento de un 20%. La caída del PBI superó los 4,1% en 2020, y la inversión publicitaria, quedó un 30% abajo en el primer semestre del año 2020, resultado de la desastrosa administración de la crisis de la pandemia por el gobierno Bolsonaro.

¿Y qué hablar de la política ambiental? La tasa de deforestación de Amazonia, el pulmón del mundo, según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) es más de tres veces superior a la meta presentada por Brasil a la Convención del Clima en la conferencia de 2009, en Copenhague, para 2020. El área deforestada en Amazonia fue de 11.088 km² entre agosto de 2019 y julio de 2020, de acuerdo con datos oficiales presentados por el propio gobierno.

La decisión del Ministro Fachin está lejos de extinguir el Lawfare y mucho menos de garantizar los derechos políticos de Lula para que dispute las Elecciones Presidenciales del año que viene, ya que no se expidió sobre el contenido de las causas, que seguirán su curso en los tribunales de Brasilia. Sin embargo, deja en evidencia las consecuencias sobre toda la sociedad de este sistema de Lawfare que deja al país sumergido en una situación mucho peor a la del inicio del mismo.

foto by AP.